Vía 24 Horas

La ejecución de sanciones penales es un tema esencial en el ámbito de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia. La pena se concibe como la consecuencia natural del delito y consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta por los juzgados o tribunales competentes de acuerdo a la ley, y cuyo destinatario es quien resulte culpable de infligir la legislación penal.

El párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución federal señala que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Bajo dicha regla se desarrollan procedimientos conducidos por autoridades jurisdiccionales especializadas, en los cuales el Ministerio Público interviene con el fin de preservar los derechos humanos de las personas interesadas en la ejecución de las sentencias, y para resguardar la aplicación de las disposiciones legales relativas a su cumplimiento.

Por este motivo fue necesario crear un área dedicada a atender los asuntos relativos a la modificación de las penas impuestas por los jueces competentes, por lo que desde enero de este año la Procuraduría capitalina cuenta con una Fiscalía de Ejecución Penal, encargada de participar en los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

NOTA COMPLETA EN http://www.24-horas.mx/2018/02/26/instrumento-fortalece-al-sistema-justicia-penal-acusatorio/